DELENDA EST HISPANIA

"La Monarquía, instaurada en 1975 por la voluntad del dictador Franco, cuyos poderes retenía, se inclinó decididamente con el apoyo de la internacionalista socialdemocracia europea hacia el socialismo. Aliada con los incipientes partidos políticos, se estableció un consenso político entre todos los partidos en torno a la Monarquía para remplazar el Movimiento Nacional que agrupaba a las fuerzas políticas del régimen franquista. En el consenso se incluyeron los entonces grupúsculos nacionalistas separatistas y el Partido Comunista, adquiriendo estas tendencias una desproporcionada influencia en el Gobierno y en la cultura, si bien el director ideológico del consenso es el antinacional Partido Socialista, asignándosele a la derecha oficial la tarea de impedir la formación de algún partido nacional, liberal o conservador, disconforme con el consenso.

La Carta otorgada en 1978 con el nombre de Constitución, garantiza el consenso: desunifica el Estado al pasar la nación a un segundo plano con el reconocimiento de nacionalidades inventadas; estableciendo un típico Estado de Partidos, considera a partidos y sindicatos como órganos del Estado; y declara Parlamentaria a la Monarquía, o sea sometida al Parlamento, es decir, a los partidos. El «Estado de las Autonomías» es una forma muy extraña y contradictoria de la estatalidad.

La Instauración se parece a una Monarquía Despótica modernizada -la propaganda ensalza a Carlos III y abundan los philosophes-, empeñada, como los príncipes nuevos de Maquiavelo, en transformar radicalmente la sociedad, a fin de consolidarse. Al efecto, la dictadura consensuada de los partidos desespañoliza el êthos tradicional; en realidad destruye toda eticidad con el pretexto de la modernización, sustituyendo el êthos por una vaga ideología europeísta socialdemócrata que hace suya la oligarquía cultural junto con el multiculturalismo y el nihilismo; enriquecerse como sea parece ser el único criterio moral. Por otra parte, se estimulan el revanchismo y el resentimiento para dividir moralmente a la Nación. El tono del sistema establecido lo da una «ley de la memoria histórica», una suerte de damnatio memoriae al estilo estaliniano, contra el franquismo, al que se debe exclusivamente la Instauración monárquica, no a los deseos o la voluntad popular, que no ha podido expresarse. Puesto que la historia científica investiga la verdad, no la «memoria histórica», que puede ser errónea, en realidad, apunta a destruir la conciencia y el êthos nacional reescribiendo el pasado a gusto del consenso político que sustituye al natural consenso social, base de la confianza y la amistad civil. La finalidad subyacente parece consistir en enlazar la nueva Monarquía con la Segunda República, que sobrevino precisamente por la caducidad de la Monarquía. En términos de Jouvenel, se trataría de afirmar que el nuevo poder no tiene pasado y se constituye ex nihilo, como un poder nuevo, joven, progresista, señor de la historia y, a juzgar por los hechos, de la vida. Esto explica que la famosa «transición» les parezca a muchos estar orientada por la máxima delenda est Hispania."

Dalmacio Negro Pavón. Historia de las formas del Estado: una introducción (Ensayo) (Spanish Edition) (Posición en Kindle1343-1360). Edición de Kindle.

UNA FALSA CONSTITUCIÓN

Cada 6 de diciembre se ve marcado en España por la conmemoración de la llamada Constitución del 78, aquella, como gusta decir tópicamente, que "con tanto esfuerzo nos hemos dado". Pero, ¿fue realmente así?, ¿nos dimos los españoles una verdadera constitución? Para responder a tal pregunta es preciso recordar cómo se desarrolla un periodo de libertad constituyente, ver si el tal fue seguido en España, y, luego, analizar en qué medida el texto del 78 se ajusta a lo que se supone que es.

En el proceso aludido, son elegidas ex profeso unas Cortes llamadas constituyentes que elaboran una Constitución, y se disuelven antes de someter el texto constitucional al refrendo de la nación. Desgraciadamente, esto no fue lo que ocurrió en España: La Ley de Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas en 1976, (siguiendo el cínico principio de "de la ley a la ley") creaba unas nuevas Cortes, formadas por dos cámaras, el congreso de los Diputados y el Senado, al tiempo que Adolfo Suárez, a la sazón presidente del Gobierno, sacaba adelante un Decreto-ley en marzo de 1977 para regular las primeras elecciones legislativas de junio del mismo año. Dicho Decreto establecía un sistema electoral proporcional de listas de partidos, que, como sabemos, impide la representación política del ciudadano, limitado a refrendar lo que ya le ofrecen los 5 o 6 líderes de los partidos, que son quienes realmente controlan el poder político. El escándalo surgió a finales de ese año cuando el periodista Pedro Altares, director de la revista Cuadernos para el diálogo, descubrió y publicó que en el seno de dichas cortes legislativas se había formado una comisión secreta que estaba redactando una Constitución a espaldas de la nación. A pesar del alboroto provocado por tal infamia, ambas cámaras sancionaron el texto constitucional, y fue sometido a plebiscito popular el 6 de diciembre de 1978, en el que el pueblo español no pudo elegir la forma de su Estado, Monarquía o República, y se le daba como forma de gobierno la de la Partidocracia, Oligocracia, Oligarquía o Estado de partidos, caracterizado por la no representación política y la no separación de poderes, así como por la corrupción como necesario factor de gobierno, dando así lugar a la actual Monarquía de Partidos.

Pues una Constitución establece el sistema en que se estructura el poder del Estado, la representación política y la separación de poderes, es decir, explicita las reglas de juego del poder político (La enumeración de derechos y libertades que contienen las Constituciones es un desideratum irrealizable, un error traído a Europa por Lafayette tras su estancia en los EE.UU). Por tanto, puede decirse que en España no contamos con una verdadera Constitución sino con una Carta Otorgada que concede graciosamente a los súbditos una serie de derechos (donde empieza la reglamentación de un derecho termina una libertad), que pueden serle, asimismo, arrebatados, pues no proceden de la libertad constituyente que la nación se daría a sí misma. Vemos, en consecuencia, que dicha Carta Otorgada sanciona un régimen antidemocrático (entendida la democracia como forma de gobierno), donde el poder del Estado, convertido en enemigo de la nación y la sociedad civil, es detentado por 5 o 6 personas, los jefes de los partidos, que, por sí mismos -y en ocasiones junto a sus consortes-, actúan como cabezas coronadas de tales organizaciones de intereses de casta.

En conclusión, podemos decir que no tenemos nada bueno que celebrar cada 6 de diciembre, pues no contamos con una verdadera Constitución nacida de un proceso  de libertad constituyente, que consagre la representación política y la separación de poderes como elementos necesarios de la democracia política.