Dash Snow [Fantomatik blog]
El tweet de un profesor universitario calificando la democracia representativa de "liberal, orgánica, y popular", el recuerdo de las afirmaciones de Otegui ( –No habría gobierno sin el apoyo de quienes queremos marcharnos de España.), y una acusación de flagrante nepotismo llevan a Ignacio Ruiz Quintano a reflexionar sobre el concepto de "violencia política" vehiculado por los medios gubernamentales, encabezados por El País, y la perversidad del régimen partidocrático, donde la inseparación de poderes hace que el poder ejecutivo se jacte incluso de ser él el que legisla: "A la violencia ontológica de tener a Otegui de jefe real del gobierno de España, la ruidajera mediática opone, como paliativo, la acusación de “violencia política” a una diputada de la oposición que en la tribuna dijo “Jehová”, como el anacoreta de “La vida de Brian”, al llamar “nepote” a un miembro del gobierno que se defendió en su banco azul prometiendo “acabar” con los bancos rojos (“banda de fascistas”) de la diputada a lapidar. –Los insultos de la extrema derecha preocupan cada vez más a los partidos, que piden cambios para evitar la degradación del Parlamento –tituló el diario gubernamental. España es un país tan anómalo que a su Parlamento no lo degrada confinar ilegalmente a la población “porque no sabíamos qué hacer”. Ni siquiera lo degrada la existencia del Banco Azul, expresión en cuero o skay de que el gobierno es el legislador, el juzgador y el ejecutor (¿cómo hablar libremente delante de quien te puede encarcelar por hacerlo?). De hecho, los ministros presumen de legislar y dan su nombre a las leyes [...] En las discusiones constituyentes, Robespierre había defendido la separación de poderes (concepto desconocido en España, donde toda teoría política son tuits de Errejón para los jóvenes y jaculatorias del diario gubernamental para los “boomers”), doctrina que conducía a negar a los ministros el derecho “de entrada y de voz” en el cuerpo legislativo. –Todo lo que tiende a confundir los poderes aniquila el espíritu público y las bases de la libertad –dijo el Incorruptible. Entonces los “pâtissiers” de la situación, aunque sabían que si el rey o sus ministros entraban en la Asamblea el cuerpo legislativo dejaba de ser cuerpo deliberante, pastelearon la solución del banzo azul, cargándose (para siempre en Europa) la Constitución, cuya única función es separar los poderes, salvo la del 78, que lo único que constituye es un puente vacacional en diciembre, como corresponde a una democracia profesoral de banco azul y banco rojo, “representativa, liberal, orgánica y popular”."
En su lúcido artículo Irene González analiza las fallas del régimen político del '78, que lo han llevado al colapso actual ("Desde el inicio hubo fallos en la estructura que fijaban una fecha de término para el débil edificio, como la perversa organización territorial, la no división de poderes y la partitocracia") con el fracaso de su mito fundacional, el del consenso, o sea, el pacto para el reparto del poder, entre las oligarquías políticas herederas del Estado franquista ("Para ocultar esas grietas de estructura del edificio constitucional se proclamó el mito del consenso, tan valioso por las sombras de la época por lo vivido de aquella generación"), cuyo pecado original señala acertadamente la articulista ("La realidad es que el texto de la Carta Magna no se elaboró con luz ni de forma transparente. Al contrario."). Las tensiones internas del sistema han conducido a que la oligarquía partidocrática tienda a transformarse en una tiranía similar a aquélla de la que deriva, de mano de lo que Ignacio Ruiz Quintano llama "consenso separatista", cuyos actantes principales son el PSOE, mayor sostén y beneficiario del régimen actual, y heredero -según afirmaba García-Trevijano-, de la base social del Franquismo, y las facciones separatistas, ansiosas por detentar sus propios estaditos de impunidad absoluta; régimen que quizás fracase por las tendencias centrífugas que alberga ab ovo, y por la estupidez de sus promotores socialistas, en su pretensión de trasladar la organización federal del partido a la nación política española, que será la que acabe pagando todos estos experimentos parasitarios, concebidos bajo el paraguas de la madrastra europea y otanista ("Lo que fracasó fue el proyecto del independentismo catalán, pero no el del PSOE, que arrancó en 2004, en connivencia con ETA, a otra velocidad, con plazos distintos a los de la agenda judicial de Artur Mas. Una república fragmentada en la que España queda diluida y reducida a financiar los territorios del hecho diferencial que perpetúa a la izquierda en el poder. Un Congreso fragmentado en el que se reproducen los sobrerrepresentados partidos regionales de cuya supervivencia depende apoyar al PSOE, formando entre todos un magma viscoso y parásito de los españoles que mina nuestros derechos y libertades [...] Un proceso acelerado por la excepcionalidad de la pandemia, utilizada para extender la impunidad de un poder cada vez más concentrado en un vértice político y con menos apoyo en las urnas. Una España dividida internamente en territorios, con un presidente sin controles, ni barreras más allá de unas elecciones cada cuatro años —¿realmente será eso un obstáculo? Es el sistema político perfecto para diluirse en un gobierno global, someterse a instituciones supranacionales que envíen dinero digital y a obedecer agendas bélicas, de género, energéticas y climáticas que van en contra de los intereses de los españoles. No podemos decidir nada, lo ha dictado el nuevo mito de nuestra generación, la Unión Europea.") Irene González concluye brillantemente su artículo señalando la actitud de la "oposición" dirigida por un excacique regional que ha ejecutado en su Taifa la misma política de limpieza lingüística educativa que en Cataluña, cuyo partido hace alardes de vexiloide catetismo protonacionalista en Andalucía, prueba de que encontrarían su acomodo en ese quimérico "Estado compuesto" ("La actitud del principal partido de la oposición hace sospechar que Feijóo y el andalucista Juanma Moreno se sentirían plenamente cómodos en el nuevo sistema posconstitucional de una España fragmentada y sujeta a una agenda global con un poder impune e ilimitado. Un relevo en el Gobierno no cambiaría lo necesario.")
Francisco Lázaro analiza la numerosa presencia de refugiados ucranianos en Bilbao: "Basta un paseo por el barrio para darte cuenta de lo frágil que es esa burbuja propagandística creada por la OTAN y los medios de comunicación al servicio de Estados Unidos y los gobiernos europeos. En Bilbao hay gran cantidad de refugiados ucranianos [...] solo un 15% del territorio ucraniano se encuentra ocupado por los rusos. Sin embargo, los refugiados proceden de todas las zonas geográficas del país. Y esta es la verdad. No las milongas que te cuentan en los medios (que no suelen entrevistar con frecuencia a refugiados ucranianos, por las razones obvias que aquí os cuento). Mujeres y niños siguen a los cabezas de familia porque no les queda otro remedio. En un país arruinado por la corrupción, los conflictos civiles y la guerra, sin cobertura social efectiva, la pérdida o mutilación de uno de los progenitores significa la ruina familiar. Y quedarse en el país no es una opción viable [...] A mi me parece muy bien que estas familias se vayan de Ucrania y vengan a España mientras dure la guerra, incluso definitivamente. Hay que ayudarles en lo que se pueda, no solo pensando en el aporte de sangre joven para una sociedad demográficamente envejecida como la nuestra. Es bueno alejar a niños y jóvenes de las zonas de conflicto. Esta es una buena vida -pese a todos los esfuerzos que los gobiernos socialsoviéticos de Europa están haciendo por arruinarla-, y no hay razón para que una persona joven renuncie a las oportunidades que se le ofrecen para morir o quedar lisiada en un enfrentamiento que solo beneficia a Estados Unidos y a una camarilla de aparateros corruptos como Ursula von der Leyen o Josep Borrell que, bajo el pretexto de defender las libertades occidentales, lo único que persiguen es su propia promoción personal como facilitadores de una guerra por poderes de la OTAN contra Rusia."
Rubén Gisbert analiza la pesadilla totalitaria que supone la propuesta de euro digital lanzada por el Banco Central Europeo, que podrá controlar en beneficio de la burocracia corrupta de la UE todo el tráfico económico en sus países miembros, pues se reserva el derecho de control sobre éste, y que puede derivar en bloqueo de iniciativas sociales y políticas cancelando operaciones económicas. Gisbert concluye que esto puede darse por la inexistencia de una verdadera estructura democrática supranacional, muy distinta de la UE actual al servicio de las partidocracias occidentales. El mismo Gisbert denuncia que el congreso de los diputados reformó el delito de malversación de fondos públicos y despenalizó la sedición de acuerdo con las exigencias de ERC para que apoyaran los presupuestos de 2023. Esto supone la legalización y despenalización de tipos delictivos que mayoritariamente solo pueden cometer los políticos. Y se pregunta por qué ocurre esto. La respuesta está en el devenir lógico de un sistema corrupto que la Carta Otorgada de 1978 apuntalada en su infame artículo 2 con la puerta abierta a las llamadas "nacionalidades", que dieron paso al funesto sistema de las Autonomías, que conformaron grupos de poder regionales de clientelismo político y onerosísimas duplicidades administrativas. Todo esto no sucedería si existiera representación política de distrito con mandato imperativo y potestad de revocación, y existieran medios de controlar y limitar la acción del poder político. Finalmente, el analista comenta una de las noticias más polémicas del fin de año: "El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha fallado por mayoría admitir a trámite la demanda del recurso de amparo de los diputados del PP en contra de la reforma del PSOE para designar a los miembros de dicho tribunal por mayoría simple, por ver vulnerado su derecho a designar ellos por mayoría cualificada a los miembros de dicho órgano del Estado... ¿Qué significa todo esto?", pues para él la evidencia del escándalo de que sea la clase política la que elige a miembros del TC y del CGPJ. En la circunstancia actual se mantienen ambas instituciones con mayoría elegida por el PP, y el gobierno actual busca cambiar la situación en su propio beneficio, tal como hizo el PP en el 2013 con el CGPJ. A través de su recurso de amparo el PP pide parar el proceso, pero no por interés ciudadano, sino por reclamar su privilegio antidemocrático de elegir a los magistrados. Insiste Gisbert en que el TC avala las acciones de los políticos que lo nombra, y, es un foco de corrupción, por no basarse en criterios jurídicos, sino de conveniencia política. Lo que está en juego es si se da un paso más en el control del TC por el poder político, no su existencia, que es de por sí perniciosa. Y cabría, añadimos, no caer en la trampa terminológica de los medios del régimen que hablan de magistrados "conservadores" y "progresistas", cuando habría que llamarlos "elegidos y al servicio de -respectivamente- el PP y el PSOE, pero esto haría que hasta el más lerdo empezara a darse cuenta del inmenso engaño corrupto de nuestra partidocracia.