A vueltas del tema de la ley de amnistía prometida por el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez a los partidos separatistas vascos y catalanes, para asegurarse su permanencia personal en el cargo, diversos políticos del régimen y medios afines aseguran que aquél prepara un golpe de estado, para así liquidar el estado de Derecho, la Constitución, la separación de poderes, la democracia, etc., etc. Llegados a este punto, es lícito preguntarse qué hay de verdad en todo esto. Para responder a tal pregunta, es necesario analizar una vez más las bases de nuestro régimen político.
En primer lugar, debe recordarse que no existe una Constitución en España, sino una Carta Otorgada, pues, por un lado, no procede de unas cortes constituyentes, sino del acuerdo semioculto de un grupo de diputados de unas legislativas, y, por otro lado, no se reconoce en ella la separación de poderes, por lo que tampoco puede llamarse Constitución a aquella que con-tanto-esfuerzo-nos-han-dado, según se señala en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es, por lo tanto, muy difícil dar un golpe de estado contra algo que no existe.
Por otra parte, tampoco puede decirse que haya una democracia como forma de gobierno en España, dada la aludida inexistencia de separación de poderes en origen (hay, eso sí, separación de funciones, pero eso es lo que teníamos en el franquismo), y la inexistencia de un principio de representación política, encarnado en elecciones separadas para los poderes legislativo y ejecutivo, de acuerdo a un sistema electoral mayoritario. En cambio, el sistema electoral proporcional de listas cerradas y bloqueadas no sirve para elegir, sino para refrendar la voluntad de los líderes de los partidos, que sentarán así las bases de la corrupción como factor de gobierno.
En conclusión, parece difícil hablar de un golpe de estado en nuestra partidocracia, pues todo el edificio de la cosa pública está levantado de manera de que el que acceda al poder ejecutivo, controle al poder legislativo (no se oculta sin ningún pudor que las leyes las elabora el ejecutivo) y al judicial, mediante la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que nombrarán luego a los jueces del Tribunal Supremo que juzgarán a los políticos, y a los magistrados del Tribunal Constitucional, tribunal político y constituido, con ambiciones de constituyente (las luchas de los partidos por controlar estos órganos intervenidos sólo responde a un ansia de poder total). De tal suerte, todo el poder se concentra en unas manos, perfecta definición de la tiranía. Los mismos que protestan contra esta situación son otros partidos del régimen, que proponen como solución la misma fuente del problema: la falsa Constitución de 1978, y engañan al pueblo organizando manifestaciones donde lucen las banderitas de una monarquía que sirve para justificar el statu quo antidemocrático, (y de la que no se puede, por tanto, esperar nada), y las cochambrosas enseñas de la Unión Europea, que santifica todo, mientras los gobernantes patrios se inclinen a sus designios, aunque sean contrarios a los de la nación española; todo, eso sí, bajo una música atronadora que impide siquiera lanzar al aire las consignas de la sumisión.
