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martes, 25 de septiembre de 2018
domingo, 23 de septiembre de 2018
REVISTA DE PRENSA
La actualidad viene marcada por el escándalo de la tesis doctoral del actual presidente de gobierno partidocrático, tras el de los másteres ad hoc de miembros del otro principal partido del régimen. Así, medios como OKDiario y ABC afirman que parte de la tesis del susodicho fue redactada por la propia directora de tesis y miembros del tribunal que la juzgó, y que éste fue confeccionado a la carta para beneficiar al candidato. Desgraciadamente, esto no debe sorprender. Así, hasta los años 80 los tribunales de titularidades y de cátedras en las universidades españoles eran elaborados por sorteo por el Ministerio de Educación. Después de la Ley de Reforma Universitaria esta facultad pasó a corresponder a los departamentos universitarios, dando pie a la espantosa endogamia existente en nuestras universidades, a la postergación de candidatos de currículum más sobresaliente frente al protegido de turno (que se ve ante un tribunal en que es el único candidato a la plaza en cuestión), y, en fin, a la soberbia y la impiedad con que se conducen los beneficiarios de esta corrupción institucionalizada correlativa de la política de la que ya hablamos aquí.
El tema de la inmigración ilegal sigue siendo un factor de división en la UE, entre la visión nacionalista de Salvini y la globalista de Macron, según indica The Spectator, y que marcará el futuro de Europa a partir de las próximas elecciones al parlamento europeo. En Italia, entretanto, como indica Il Sole y en España las cifras de emigrantes nacionales jóvenes con nivel de instrucción supera las cifras de la postguerra. ¿Cómo puede decirse entonces que hacen falta tantos inmigrantes? ¿Cómo puede decirse que van a pagar nuestras pensiones personas que van con un expediente de expulsión pegado a la espalda y condenadas a la economía sumergida, la explotación y el trabajo en negro? Incluso ONGs beneméritas colaboran en presentar como una emergencia humanitaria lo que no es más que un trasiego incontrolado de inmigrantes -que no refugiados- ilegales, sin que a nadie le importe lo que le pase a estas personas. Pagarles un billete para una gran ciudad esperando que ésta se los trague no es ninguna solución, sino una fuente de seguro conflicto. Así, Ilya U. Topper en un magnífico artículo en Mediterráneo Sur insiste en el engaño y la trampa en que se ven atrapados estos inmigrantes:
"Cada uno de los dos millones de inmigrantes y refugiados que llegaron a Europa en 2015 podría haber venido con tres mil euros en el bolsillo si se le hubiera permitido subirse a un avión de línea con un visado electrónico en el pasaporte. Bastante más de lo que han llevado encima muchos de mis amigos que se fueron de Cádiz a Londres a fregar platos. Un capital que se hubiera podido completar – clases de idiomas, asesoría – con el dinero que Bruselas ha dedicado al Frontex: 140 millones en 2015, 251 millones en 2016.
Claro que viendo las condiciones que una fábrica alemana está dispuesta a ofrecer a sus trabajadores, muchos de estos inmigrantes hubieran preferido cogerse el avión de vuelta para invertir los tres mil euros en algo más inteligente. En un negocio, una empresa local. Ahora no pueden. Atrapados en la espiral de la droga que es la inmigración ilegal – mortífera y creadora de mafias como cualquier narcótico ilegal – ni siquiera pueden hacerlo quienes, tras años de sudores, consiguen un empleo en Europa, pagan sus deudas, viven razonablemente bien. No. El paraíso artificial que han creado a ojos de su familia, allá en el pueblo, es tan alucinógeno que no tienen más remedio que gastarse todos los ahorros en un coche de segunda mano, preferiblemente de gama alta, cargarlo de regalos inútiles y viajar en verano al pueblo – en el Rif pueden verlo ustedes – para fardar de ser ganadores. Para enganchar al próximo pardillo.
A Europa le funciona. Nunca le faltará mano de obra esclavizada. La izquierda que salva vidas y la derecha que le recrimina que salve vidas – hipócritamente: sabe que necesita a estos inmigrantes – se complementan a la perfección. Salvamos vidas, ellos nos necesitan, ellos son pobres, nosotros somos buenos, somos generosos, demasiado generosos, despilfarramos recursos públicos en una Europa en crisis, ellos comen nuestro pan, moros fuera.
Ellos no nos necesitan. Nosotros necesitamos a ellos. Desesperadamente. Observe usted una curva de la población europea. La que muestra el número de personas en edad de trabajar y de pagar impuestos y la de personas con derecho a recibir una jubilación del Estado. Asústese.
Y no me diga que no hay trabajo. Lo que no hay son ganas de utilizar el dinero público en pagar trabajos para el bien común en lugar de usarlo para rescatar bancos. Ni ganas de obligar a utilizar el dinero privado en pagar a los trabajadores. ¿Ha intentado alguna vez visualizar en fajos de billetes las cifras que cada trimestre comunican las grandes corporaciones bajo el epígrafe de “beneficio neto”?"
El diario El País anuncia la intención del gobierno de crear una Comisión de la Verdad como una "contribución a la construcción colectiva de la memoria democrática española". Todo lo cual parece un paso más en el absurdo del concepto de "memoria histórica" ya refutado por el filósofo Gustavo Bueno:
La memoria histórica personal es el recuerdo del mundo histórico que a cada cual, o a su grupo, le ha tocado vivir, especialmente en un sentido activo. El peligro por tanto de la pretensión de convertir las memorias personales (o del grupo de personas), necesariamente parciales (partidistas), en memoria histórica objetiva o total es evidente. En realidad se trata de una pretensión reivindicativa. ¿Qué quiere decir la «memoria histórica» de los sucesos de octubre de 1934 en Asturias? ¿Qué es «memoria histórica» del proyecto de invasión de las guerrillas, a través del Pirineo, en 1945? ¿Qué es «memoria histórica» de la transición democrática? ¿Quién se atrevería a afectar imparcialidad científica en esta «memoria histórica» por antonomasia, para los españoles del presente?
La memoria histórica, en cuanto memoria personal, subjetiva o de grupo que es, tiene siempre un componente reivindicativo. Y no digo que la reivindicación no deba hacerse, digo que no debe hacerse en nombre de una «memoria histórica universal», común y objetiva, puesto que la memoria histórica es siempre memoria individual, biográfica, familiar o de grupo. Y esto explica por qué la llamada «memoria histórica» se oculta: porque no es memoria sino selección partidista. La memoria histórica es a la vez damnatio memoriae. Por ejemplo, la memoria histórica, que contradictoriamente, propone borrar un retrato de Girón, ministro de Franco, de la Universidad Laboral de Gijón. Que propone retirar del callejero de una ciudad los nombres de los «golpistas» que se alzaron contra la República; una memoria histórica que por otra parte no pide eliminar los nombres de otros golpistas contra la República, los de octubre de 1934, como lo fueron Ramón González Peña o Belarmino Tomás.
Por tanto, las reivindicaciones de las memorias personales, contra todo tipo de amnesia y de amnistía, no debe hacerse en nombre de la memoria histórica común, sino en nombre o bien de la memoria individual o familiar, o bien en nombre de planes y programas políticos o científicos. Esto explica por qué la llamada «memoria histórica» no es propiamente memoria, sino selección partidista; por qué se eclipsa de modo funcional, y por qué la «memoria histórica», paradójicamente, derriba las estatuas de Lenin o de Franco. Dicho de otro modo, la memoria histórica sólo puede aproximarse a la imparcialidad cuando deje de ser memoria y se convierta simplemente en historia.
sábado, 22 de septiembre de 2018
miércoles, 19 de septiembre de 2018
domingo, 16 de septiembre de 2018
LIBERTAD DE PENSAMIENTO
Entre 1938 y 1965 Arthur Kaufmann compuso su tríptico Die geistige Emigration, "la emigración intelectual", en el que retrata a un grupo de representantes del mundo de la artes y las ciencias de lengua alemana, huidos a Estados Unidos desde el dominio del III Reich nacionalsocialista.
Estas personas perdieron su libertad de expresión en sus países de origen, pero no la de pensamiento. En la Europa de nuestros días, y centrándonos en España, existe un modo de totalitarismo difuso que ataca directamente a la libertad de pensamiento. Es lo que ha venido a llamarse consenso, que, como modus agendi de la oligarquía política, ha acabado permeando a la sociedad civil. El consenso es en sí antidemocrático y antiintelectual, pues exige el sometimiento a una postura apriorística, en nombre del acuerdo y la concordia, eufemismos de una servidumbre voluntaria que es característica de las sociedades civiles sometidas a los regímenes partidocráticos como el español.
Llegar a un consenso, pues, es la ambición máxima de cualquier reunión o encuentro, sea en la administración o en la sociedad en general. El disenso, por otra parte, sufre además el acoso combinado de lo políticamente correcto, el comunitarismo, la ideología de género y el buenismo, rasgos de la ideología nihilista socialdemócrata, que se caracterizan por su afán de modificar y controlar el lenguaje como vía directa de control del pensamiento.
Así pues, la persona que no quiera limitarse a repetir los eslóganes que le han enseñado en la escuela o en los medios de comunicación, se encontrará con recursos asumidos de autocensura mental, que le llevará a evitar lo que pueda considerarse conflictivo, capaz de herir susceptibilidades, o lo que se afirme con cierta rotundidad y seguridad.
Estamos, en fin, en una época en que adquiere plena validez la afirmación de Thomas Mann de que el que desafía las ideas hechas de una sociedad es un héroe.
miércoles, 12 de septiembre de 2018
lunes, 10 de septiembre de 2018
sábado, 8 de septiembre de 2018
REVISTA DE PRENSA
En la prensa española se levantan voces contra el régimen partidocrático nacido en la llamada Transición, o más bien Transacción entre los oligarcas del Franquismo y los nuevos aspirantes de la presunta oposición, que optaron por el pactismo y el consenso -la muerte en sí de la libertad de pensamiento-, y no por la ruptura democrática. Así, José Antonio Gómez en Diario 16, aunque realiza algunas afirmaciones erróneas como la de que los ciudadanos eligen a su primer ministro, acierta en señalar que "España sigue cumpliendo la voluntad del dictador Francisco Franco en lo referente a la Jefatura del Estado. La Monarquía fue impuesta de manera torticera a los españoles porque jamás se ha preguntado al pueblo por el modelo de democracia que quieren. En el referéndum de la Constitución, que ahora va a cumplir 40 años, se obligó a votar el texto completo en el que se imponía a un Rey sin que los ciudadanos pudieran determinar si estaban de acuerdo o no con ello. Fue un trágala en toda regla: «si queréis una Carta Magna que reconoce al pueblo derechos y libertades hay que tragar con los Borbones». Si en 1.978 los ciudadanos se hubiesen rebelado y votaran en contra de la Monarquía estaban impidiendo la aprobación de la Constitución. Por tanto, por más que los defensores de la Monarquía afirmen que Felipe VI o Juan Carlos I fueron elegidos por el pueblo, la realidad es que no es así, sino que el propio aparato del Estado determinó que los españoles debían tragar con la voluntad de Franco si deseaban que se les reconocieran los derechos y libertades de los que disponían los ciudadanos de los países democráticos." Señala, asimismo, el autor del artículo que la presunta función moderadora de la Monarquía no es más que una forma de aquiescencia a la corrupción del régimen. El otro aspecto que según el articulista adultera la democracia española -pues no parte del hecho de que esto que hay en España no es una democracia, pues no hay separación de poderes ni principio de representación política- es La ley de Amnistia, que impidió condenar los crímenes del Franquismo. No entiende el autor que las llamadas a la concordia y a la reconciliación -piénsese en lo ocurrido en Francia tras el Terror- son las propias de la oligarquía que sucede a una dictadura, para asegurarse el reparto de las prebendas del Estado.
A vueltas con la Carta Otorgada del 78, Manuel Pulido Mendoza indica en Disidentia algunos de sus graves defectos como el concepto de nacionalidades, introducido por los oligarcas redactores para contentar a sus correligionarios nacionalistas vascos y catalanes, el cambiar el nombre de la lengua común de 'español' a 'castellano', idiotez monumental como la de llamar al italiano toscano, con el mismo objetivo de obsequiosidad hacia los corruptos nacionalistas pequeñoburgueses, y, finalmente, la creación del inaudito "Estado de las Autonomías", máquina multiplicadora del gasto público, despilfarradora y fuente de gabelas clientelares para los partidos del régimen. En cambio, las reformas constitucionales que propone el autor sin un cambio del sistema político a través de un periodo de libertad constituyente no parecen más que meros parches.
Por otra parte, el predominio del sentimentalismo sectario y la inintelectualidad en el discurso de lo políticamente correcto está llevando, como revela Marilisa Palumbo en el Corriere della Sera, a algunas universidades norteamericanas a organizar cursos de "debate civil", para enseñar a los jóvenes a enfrentarse a ideas diversas sin enrocarse, agredir o exigir su censura por considerlas ofensivas para determinadas personas o colectivos.
En este aspecto, podría incluirse la polémica surgida en Gran Bretaña en torno a las declaraciones del político Boris Johnson, quien, después de criticar la reciente decisión del gobierno danés de prohibir el burka en los espacios públicos, atacaba al tiempo el carácter opresivo de estos ropajes, la presión de algunos hombres musulmanes para su porte, y defendía la libertad de cada institución de exigir a sus alumnas no acudir a sus centros vestidas como "ladrones de bancos" o "buzones de correos". Brendan O'Neill en The Spectator considera que las acusaciones realizadas contra Johnson de "islamófobo", nazi y racista son, en realidad, un retorno por la puerta de atrás de las leyes contra la blasfemia, creando un campo de fuerza moral en torno a la religión para protegerla de la crítica y del escepticismo. Afirma el autor que esto también apunta a una profunda confusión entre libertad y tolerancia entre los usuarios de los modernos medios de comunicación y expresión: "Parecen pensar que la sociedad no tiene sólo la responsabilidad de garantizar la libertad de fe de sus ciudadanos, sino que tiene también que respetar lo que sus ciudadanos creen. Esto es un craso error. En una sociedad libre, la gente debe tener el derecho de adoptar las convicciones religiosas o morales que consideren mejores, pero el resto de nosotros debemos tener el derecho de criticar o incluso ridiculizar estas convicciones. Eso es libertad en acción".
viernes, 7 de septiembre de 2018
domingo, 2 de septiembre de 2018
15º ENCUENTRO DEL MCRC EN CÁDIZ
Ayer nos reunimos miembros del MCRC en Cádiz en un restaurante de Alcalá de los Gazules. Hablamos, primero, sobre el desarrollo de las dos asambleas nacionales extraordinarias celebradas en junio pasado, y sobre la constitución de la nueva Junta Directiva. Se estuvo de acuerdo en que es un momento crucial para el MCRC tras la muerte de su fundador, D. Antonio García-Trevijano, y el abandono de la asociación por parte de algunos miembros que han querido primar el desarrollo de su propio proyecto ideológico sobre la búsqueda de la libertad política colectiva marcada por una verdadera democracia caracterizada por la separación de poderes en origen, y el principio de representación política, secuestrada por las listas electorales forzosas de los partidos del régimen, principios estos a los que pueden sumarse personas de cualquier ideología. Las acusaciones que se han hecho al MCRC de tener una ideología provienen de individuos incapaces intelectualmente de salir del círculo vicioso de su propia ideología extrema.
A la nueva Junta Directiva se le pide que se cree una estrategia de comunicación interna y externa, desarrollando, por ejemplo, notas informativas para los asociados que fluyan con periodicidad. Parece, asimismo, necesario que las propuestas de acción individuales sean rigurosas y financiadas, si así procede, y sometidas a control. Se pide también que se doten los medios técnicos y financieros para las emisiones de radio y televisión, así como el estudio de la propuesta de plataforma digital. En cuanto a la organización, ésta debe ser funcional y no territorial. Así, por ejemplo, los responsables de Cádiz, refrendados en sus cargos por unanimidad, tienen el proyecto de contactar a los asociados de Sevilla y Huelva para reconstituir el MCRC en esas provincias, carentes de coordinador/responsable, para lo que esperan contar con el apoyo técnico de la Junta Directiva.
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