La desastrosa gestión pública y la falta de prevención de los estragos humanos y materiales producidos por la gota fría en Valencia en octubre de 2024 ha propiciado que en ciertos sectores de opinión se hable de España como "Estado fallido". Considero, muy al contrario, que lo ocurrido responde a la lógica implacable de nuestro Estado de Partidos o Monarquía partidocrática.
Si los planes hidrológicos, de prevención de inundaciones y de alerta temprana han estado totalmente descuidados (hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia de la UE abrió un expediente a España), si el gobierno autonómico demostró su incompetencia, si el ministerio del Interior no actúo de inmediato a pesar de que se lo prescribía la ley de Protección Civil, si tampoco lo hizo el ejército de manera pronta y generalizada, si hubo zonas sin ayuda durante días (causa de la aparición del lema desesperado "Sólo el pueblo salva al pueblo"), si las alarmas saltaron demasiado tarde multiplicando las muertes, si el rey dijo a los enfurecidos vecinos de la localidad valenciana de Paiporta por su situación de abandono que no hicieran caso a la "intoxicación informativa" que buscaba el "caos" (aunque para ver caos no tenía más que echar una mirada a su alrededor; pero si no vio cosas como la corrupción de su regio padre y la de su familia, no es de extrañar esta otra muestra de ceguera), si el presidente del gobierno dijo a la región afectada que "si necesita más recursos, que los pida" (como gesto de gran Señor que, en su lejano castillo y olvidando las "diferencias", hace un favor al cacique regional de otro signo en apuros), si todo esto ha pasado, no es porque nos hallemos ante un Estado "fallido" o en descomposición: hay causas más profundas que atañen a la misma constitución de éste.
La inexistencia de una sociedad política que sirva de intermediario entre la sociedad civil y la política (las únicas reconocidas por Marx, según afirmaba Antonio García-Trevijano), formada por partidos salidos de la sociedad civil, conscientes y defensores de su función representativa de ésta, tiene como una de sus consecuencias que las organizaciones políticas de tal nombre estén instaladas en el Estado, encarnación jurídica de la Nación, como una casta parasitaria y explotadora de la sociedad civil. Sin separación de poderes y sin más afán de representar que sus propios intereses de grupo privilegiado, con la corrupción como carburante del sistema y el Consenso como expresión de la antidemocrática actual opinión unánime que ha sustituido a la opinión única del franquismo, esta oligarquía (a la sombra -mientras le convenga- de una monarquía cómplice y tan alejada de la sociedad civil como ella misma), a través de su Administración tributaria, "no contempla a los contribuyentes como ciudadanos, sino como súbditos". O mejor como a siervos de la gleba, a los que se esquilma sin darles los servicios y sostén que se podría esperar de semejante presión fiscal.
La indiferencia, pues, hacia este Tercer Estado dieciochesco en que nos estamos convirtiendo los que no pertenecemos a una red clientelar de la casta política, se hace evidente del modo más cruel en catástrofes humanas como la desarrollada en Valencia, que será, sin duda, aprovechada para su beneficio por este régimen, que se descarga, primero, de su responsabilidad, y seguirá justificando, luego, no tomar medidas preventivas por conflicto de intereses. Entre tanto, la inefable presidenta de la Comisión Euroatlantista, Ursula von der Leyen, atribuye lo sucedido en Valencia a la "dramática realidad del cambio climático", ayudando a los gobiernos a ocultar su negligencia criminal, a responsabilizar a las víctimas y a justificar... nuevos impuestos.
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