PARLAMENTO Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA SEGÚN ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO

MONARQUÍA DE PARTIDOS

Dalmacio Negro Pavón

"Objetivamente, con la perspectiva de más de treinta años, la idea rectora de esta Monarquía estatal consiste, pues, en unir a la sociedad bajo la dictadura del consenso político de las clases dirigentes, que, al mismo tiempo que desequilibra la sociedad separándola del poder político, desintegra el consenso social, base de la amistad civil, y practica el divide et impera mediante una política de disenso generalizado. Es un típico sistema de desgobierno. De ahí la tosquedad de la vida política, en la que casi lo único relevante son las querellas y los arreglos entre los partidos.

En cuanto a la estatalidad monárquica, ésta evolucionó hacia un Estado de Partidos del tipo Estado de Bienestar sin nación política, fomentando al mismo tiempo, contradictoriamente, una politización radical que potencia las oligarquías nacionalistas enemigas de la Nación Histórica más antigua de Europa. La extraña Monarquía estatal «de las autonomías», la destruye formalmente, así como al Estado, dividiéndolos en pequeños estados-nación semi soberanos, algunos de los cuales les reclaman ya la soberanía. Es una anárquica Kleinstaaterei que recuerda a la del Imperio alemán en la época moderna muy bien descrita por Hegel.Pero el Estado Pluralista es un oxímoron y el pluralismo consiste en que manden las poderosas oclocracias regionales que se han formado.

Los nacionalismos se han intensificado y extendido mediante la ingeniería social consentida e incluso alentada desde el Estado. Hasta da la impresión que el Gobierno central, que dirige oficialmente el consenso, quisiera sustituir el idioma español como lengua común o lingua franca por el inglés, para satisfacer a las oligarquías locales que, fundamentando su «nacionalidad» en sus lenguas particulares, mezclándolas con un etéreo racismo historicista, odian el español, la lengua común.

Todo es una innovación asombrosa, que hubiera desconcertado a Maquiavelo. Hasta ahora, las Monarquías habían unido, con mejor o peor fortuna, a los pueblos y hecho las naciones. En último extremo se justificaban como garantes de la unidad nacional y del éthos tradicional. Mas las Monarquías Constitucionales y Parlamentarias, al no ser auténticas monarquías, pendientes de sí mismas no garantizan nada. 

Respecto al caos autonómico, tal vez sólo un presidencialismo al estilo norteamericano, es decir, asentado directamente en la voluntad popular, podría ya constituir una garantía.

[...]

En fin, la libertad política la usufructúan los partidos integrados en el consenso político organizado en torno a la Monarquía, reduciéndose para el resto a la rutina del voto; las libertades civiles están en entredicho por las intromisiones del Gobierno en las costumbres y los hábitos naturales, y se cuestionan las personales, estando seriamente amenazada la libertad de la conciencia; los partidos se extienden sin freno por la cada vez más débil sociedad civil organizando el clientelismo; la división de poderes es ficticia y, para el ciudadano común, la misma administración de justicia puede ser, además de dudosa, lenta y costosa, un peligro más que una garantía, de modo que las garantías jurídicas del Estado de Derecho, que conserva formalmente la socialdemocracia normal, son bastante precarias; se distorsionan progresivamente mediante la manipulación política de los jueces y una serie interminable de caprichosas leyes-medidas administrativas que, por ejemplo, permiten a la administración embargar directamente las cuentas bancarias; en consecuencia,  aumentan continuamente los controles burocráticos estatales y paraestatales -la burocracia es gigantesca y crece sin freno- sobre la vida natural regulando todo y frenando y distorsionando la iniciativa particular. Los sindicatos se encargan de coartar la libertad de trabajo y la propiedad depende del fisco. Hay demasiada inseguridad jurídica. [...]  la democracia, que oficia de religión civil de este Estado aconfesional, es en la práctica una plutocracia organizada en torno a la corrupción, sin que a la bastante envilecida sociedad le importe ya mucho. Todo está al servicio de la política y la ideología del consenso.

[...]

No existe un orden político, un régimen. La Monarquía estatal de las Autonomías es una situación política, quizá ya histórico-política al agravarla la crisis de los demás órdenes sociales -acentuada ahora por la crisis económica-, cuyo desenlace es imprevisible."

Dalmacio Negro Pavón, Historia de las formas del Estado: una introducción (Ensayo) (Spanish Edition) (Posición en Kindle1360-1390). Edición de Kindle.

DELENDA EST HISPANIA

"La Monarquía, instaurada en 1975 por la voluntad del dictador Franco, cuyos poderes retenía, se inclinó decididamente con el apoyo de la internacionalista socialdemocracia europea hacia el socialismo. Aliada con los incipientes partidos políticos, se estableció un consenso político entre todos los partidos en torno a la Monarquía para remplazar el Movimiento Nacional que agrupaba a las fuerzas políticas del régimen franquista. En el consenso se incluyeron los entonces grupúsculos nacionalistas separatistas y el Partido Comunista, adquiriendo estas tendencias una desproporcionada influencia en el Gobierno y en la cultura, si bien el director ideológico del consenso es el antinacional Partido Socialista, asignándosele a la derecha oficial la tarea de impedir la formación de algún partido nacional, liberal o conservador, disconforme con el consenso.

La Carta otorgada en 1978 con el nombre de Constitución, garantiza el consenso: desunifica el Estado al pasar la nación a un segundo plano con el reconocimiento de nacionalidades inventadas; estableciendo un típico Estado de Partidos, considera a partidos y sindicatos como órganos del Estado; y declara Parlamentaria a la Monarquía, o sea sometida al Parlamento, es decir, a los partidos. El «Estado de las Autonomías» es una forma muy extraña y contradictoria de la estatalidad.

La Instauración se parece a una Monarquía Despótica modernizada -la propaganda ensalza a Carlos III y abundan los philosophes-, empeñada, como los príncipes nuevos de Maquiavelo, en transformar radicalmente la sociedad, a fin de consolidarse. Al efecto, la dictadura consensuada de los partidos desespañoliza el êthos tradicional; en realidad destruye toda eticidad con el pretexto de la modernización, sustituyendo el êthos por una vaga ideología europeísta socialdemócrata que hace suya la oligarquía cultural junto con el multiculturalismo y el nihilismo; enriquecerse como sea parece ser el único criterio moral. Por otra parte, se estimulan el revanchismo y el resentimiento para dividir moralmente a la Nación. El tono del sistema establecido lo da una «ley de la memoria histórica», una suerte de damnatio memoriae al estilo estaliniano, contra el franquismo, al que se debe exclusivamente la Instauración monárquica, no a los deseos o la voluntad popular, que no ha podido expresarse. Puesto que la historia científica investiga la verdad, no la «memoria histórica», que puede ser errónea, en realidad, apunta a destruir la conciencia y el êthos nacional reescribiendo el pasado a gusto del consenso político que sustituye al natural consenso social, base de la confianza y la amistad civil. La finalidad subyacente parece consistir en enlazar la nueva Monarquía con la Segunda República, que sobrevino precisamente por la caducidad de la Monarquía. En términos de Jouvenel, se trataría de afirmar que el nuevo poder no tiene pasado y se constituye ex nihilo, como un poder nuevo, joven, progresista, señor de la historia y, a juzgar por los hechos, de la vida. Esto explica que la famosa «transición» les parezca a muchos estar orientada por la máxima delenda est Hispania."

Dalmacio Negro Pavón. Historia de las formas del Estado: una introducción (Ensayo) (Spanish Edition) (Posición en Kindle1343-1360). Edición de Kindle.

UNA FALSA CONSTITUCIÓN

Cada 6 de diciembre se ve marcado en España por la conmemoración de la llamada Constitución del 78, aquella, como gusta decir tópicamente, que "con tanto esfuerzo nos hemos dado". Pero, ¿fue realmente así?, ¿nos dimos los españoles una verdadera constitución? Para responder a tal pregunta es preciso recordar cómo se desarrolla un periodo de libertad constituyente, ver si el tal fue seguido en España, y, luego, analizar en qué medida el texto del 78 se ajusta a lo que se supone que es.

En el proceso aludido, son elegidas ex profeso unas Cortes llamadas constituyentes que elaboran una Constitución, y se disuelven antes de someter el texto constitucional al refrendo de la nación. Desgraciadamente, esto no fue lo que ocurrió en España: La Ley de Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas en 1976, (siguiendo el cínico principio de "de la ley a la ley") creaba unas nuevas Cortes, formadas por dos cámaras, el congreso de los Diputados y el Senado, al tiempo que Adolfo Suárez, a la sazón presidente del Gobierno, sacaba adelante un Decreto-ley en marzo de 1977 para regular las primeras elecciones legislativas de junio del mismo año. Dicho Decreto establecía un sistema electoral proporcional de listas de partidos, que, como sabemos, impide la representación política del ciudadano, limitado a refrendar lo que ya le ofrecen los 5 o 6 líderes de los partidos, que son quienes realmente controlan el poder político. El escándalo surgió a finales de ese año cuando el periodista Pedro Altares, director de la revista Cuadernos para el diálogo, descubrió y publicó que en el seno de dichas cortes legislativas se había formado una comisión secreta que estaba redactando una Constitución a espaldas de la nación. A pesar del alboroto provocado por tal infamia, ambas cámaras sancionaron el texto constitucional, y fue sometido a plebiscito popular el 6 de diciembre de 1978, en el que el pueblo español no pudo elegir la forma de su Estado, Monarquía o República, y se le daba como forma de gobierno la de la Partidocracia, Oligocracia, Oligarquía o Estado de partidos, caracterizado por la no representación política y la no separación de poderes, así como por la corrupción como necesario factor de gobierno, dando así lugar a la actual Monarquía de Partidos.

Pues una Constitución establece el sistema en que se estructura el poder del Estado, la representación política y la separación de poderes, es decir, explicita las reglas de juego del poder político (La enumeración de derechos y libertades que contienen las Constituciones es un desideratum irrealizable, un error traído a Europa por Lafayette tras su estancia en los EE.UU). Por tanto, puede decirse que en España no contamos con una verdadera Constitución sino con una Carta Otorgada que concede graciosamente a los súbditos una serie de derechos (donde empieza la reglamentación de un derecho termina una libertad), que pueden serle, asimismo, arrebatados, pues no proceden de la libertad constituyente que la nación se daría a sí misma. Vemos, en consecuencia, que dicha Carta Otorgada sanciona un régimen antidemocrático (entendida la democracia como forma de gobierno), donde el poder del Estado, convertido en enemigo de la nación y la sociedad civil, es detentado por 5 o 6 personas, los jefes de los partidos, que, por sí mismos -y en ocasiones junto a sus consortes-, actúan como cabezas coronadas de tales organizaciones de intereses de casta.

En conclusión, podemos decir que no tenemos nada bueno que celebrar cada 6 de diciembre, pues no contamos con una verdadera Constitución nacida de un proceso  de libertad constituyente, que consagre la representación política y la separación de poderes como elementos necesarios de la democracia política.

¿LA CORRUPCIÓN ES COSA DEL PASADO?

Robert Doisneau

La reciente sentencia sobre el caso de los EREs en Andalucía que condena a varios dirigentes de los gobiernos autonómicos del PSOE por la malversación y desviación de fondos públicos destinados a trabajadores en paro -unos 680 millones de euros, la mayor de la España reciente- a intereses privados, a veces vergonzantes, ha provocado numerosas reacciones; así, el jefe del partido UNIDAS PODEMOS, y aspirante a vicepresidente en el nuevo ejecutivo en ciernes, ha afirmado que "España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción", producto del "bipartidismo", que trajo "corrupción y arrogancia", al tiempo que el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, del Partido Popular, afirmó, al conocerse la sentencia, que "es un día triste para Andalucía, pero los tiempos de la corrupción y la desvergüenza han quedado atrás". ¿Pero es cierto que la corrupción política es cosa del pasado? Para responder a esta pregunta es necesario describir la corrupción política y su función dentro del régimen político actual.

La corrupción puede concebirse como un asunto circunstancial o estructural. En un sistema democrático, en el que exista separación de poderes desde abajo, y los poderes legislativo, ejecutivo, y judicial se elijan separadamente y actúen de mutuos contrapoderes, controlándose y vigilándose por la misma dinámica de la búsqueda de control del poder característica de la política, la corrupción cuenta con muchas trabas para su desarrollo generalizado. Por el contrario, en un régimen partidocrático, como el existente en España y en la mayoría de países de Europa, nacido a impulso de los EE.UU. durante la llamada Guerra Fría, y donde la separación de poderes no es más que mera separación de funciones, establecida desde arriba, la corrupción política, al ser escasos los mecanismos de control, cuenta con campo abonado para su desarrollo a todos los niveles.

De tal suerte, la corrupción acaba ocupando un papel primordial en la vida política del país y deviene en factor de gobierno. Así, al no existir un principio de representación política, el diputado votado, que no es más que un empleado del jefe del partido que lo pone en la lista, y al que debe su sueldo, se sentirá miembro de una casta aparte, que se identifica por ende con el Estado, al que no tiene ya reparos en parasitar por considerarse parte suya. Si, por añadidura, el jefe de dicho partido accede a la presidencia del gobierno, a caballo de las mismas elecciones legislativas en que se ha votado a su cuadrilla de diputados, que sólo están ahí para auparlo, y no para representar los intereses de sus votantes, tendrá el control de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, sin control externo sobre el ejecutivo, definición de una dictadura perfecta o de una impoluta ausencia de democracia. Sin esta carencia de control, que se multiplica en los reinos de taifas de las Autonomías, paraísos de la corrupción caciquil, es inevitable la creación de clientelas, y de corruptelas con las que favorecer a los afines.

En conclusión, puede decirse que no es raro ver coincidir en sus apreciaciones sobre la corrupción como algo del pasado a la vieja esperanza engañosa del movimiento 15-M, y al otro representante del funesto bipartidismo, cuerpo bicéfalo del antiguo partido único franquista, tan criticado por aquél. Pues afirmar otra cosa sería reconocer que la corrupción es el elemento determinante de la vida política bajo un régimen oligárquico, donde los partidos tienen secuestrada la representación política del cuerpo electoral, y utilizan el Estado al servicio de sus propios intereses de clase privilegiada, en consonancia con los del oligopolio económico-financiero, mientras ofrecen a los súbditos las migajas de unas llamadas "políticas sociales", y fomentan una ideológica división de la sociedad en "colectivos" y "territorios" discriminados, para debilitarla y distraerla respecto a la situación de ausencia de libertad política, y de control del propio destino.

HOY VOTAS, PERO NO ELIGES A NADIE QUE TE REPRESENTE

Edward Kelty

Hoy votas, sí, y todo lo que te rodea te induce a eso (familiares, amigos, medios monotemáticos de comunicación), y te dicen que es eso lo que hay que hacer en democracia. No obstante, también se votaba bajo Franco (aquel cuya exhumación consideran sus hijos políticos como el cierre del círculo de la "democracia"; pura apariencia como lo que hicieron los sucesores de Stalin con los restos de ese otro dictador), ¿y eso era democracia?. Como tu más que verosímil respuesta será no, habrá que tener claro qué es la democracia, y cómo el sucedáneo que te ofrecen en su lugar te permite votar, como Franco, pero no elegir un representante para los dos poderes principales, el legislativo y el ejecutivo.

La democracia es una forma de gobierno en la que la nación legisla a través del poder legislativo, formado por diputados reunidos en un congreso o asamblea que proponen y votan leyes, que la nación luego ejecuta a través del poder llamado ejecutivo, cuyo presidente, que forma gobierno (que a su vez puede hacer propuesta de leyes al legislativo para su debate y eventual aprobación), debe ser elegido en elecciones separadas de las legislativas. A esta clara separación de poderes, se une el llamado poder judicial, poder presque nul "casi nulo" según Montesquieu, que se limita a aplicar las leyes, y que debe ser autónomo en la elección de su consejo de gobierno. 

En nuestra España neofranquista, en cambio, hay unas únicas "elecciones" en las que se "elige" a ambos poderes centrales: mediante un sistema electoral proporcional de listas de partido, en el que el votante no hace más que ratificar unas listas de candidatos creadas por un puñado de oligarcas de partido, estos diputados, que no son más que empleados del jefe que los ha puesto en las listas, una vez en el congreso legislativo lo eligen como candidato a presidente del ejecutivo en un juego en el que nadie pierde, pues el sistema proporcional asegura un reparto de cuotas de poder en el Estado, que es, en el fondo, lo que les interesa obtener a todos. Así pues, el votante del régimen partidocrático se ve totalmente desamparado, pues nadie habrá que represente los intereses de su distrito, y que procure llevar sus problemas a la Asamblea Nacional, produciéndose el espectáculo escandaloso de ver como diputado de Cádiz a gente que nunca ha vivido aquí, pues lo único que importa es completar una lista de fieles al oligarca de cada partido, por lo que su competencia y utilidad legislativa es superflua, ya que los proyectos de ley suelen hacerlos gabinetes especializados de empresas del IBEX, el verdadero poder, al que tanto los llamados partidos de izquierda como de derecha -todos en el fondo socialdemócratas pues viven en y del Estado- se someten, al tiempo que disimulan esta realidad haciéndose adalides de una política de "democracia social", que sirve mayormente para subvencionar a cuadrillas de adeptos.

Lo más trágico, en fin, es que el votante no se plantea siquiera esta forma de despotismo y parasitismo al que se ve sometido gustosamente, pues lo que hace con su voto es proporcionar dinero y puestos de trabajo a una oligarquía -que no élite-, que se constituye en el acto en clase política que mira exclusivamente por sus intereses, que identifica, al tiempo, con los del Estado. Y cree, a la postre, que con el solo hecho de haber votado, llevado por fobias ideológicas o por burdos cálculos de intereses, ha cumplido con su deber democrático, sin darse cuenta de que ahonda con cada voto en la fosa de su servidumbre voluntaria a un régimen que lo explota, y que es nocivo para su dignidad e intereses. De modo que, por lo pronto no votes hoy, y párate a pensar en que no cuentas con libertad política.

VIRULENCIA PARTIDOCRÁTICA

Goya, Murió la Verdad, "Los desastres de la guerra"

La crisis del Ébola en España, de la que se cumple ahora cinco años, es una muestra del nefasto funcionamiento para la sociedad del Estado partidocrático, y que cualquier funcionario puede ver reflejado sin sorprenderse en su sector de la administración. Así, igual que pretendió descargar en el cuerpo sanitario la responsabilidad de cuidar de unos enfermos repatriados de esta enfermedad sin contar con los medios ni la formación adecuada, al cuerpo profesoral se le carga con la tarea de hacerse cargo de programas internacionales sin tener medios ni formación adecuada. Se cuenta para ello con los mismos profesionales que imparten la enseñanza ordinaria, a los que no se les proporciona ni medios adicionales ni la formación específica precisa en tiempo y espacio; es más, pueden sufrir la reducción cicatera de estos recursos, sin que los altos cargos políticos de la Administración renuncien a los objetivos de prestigio propio que se han propuesto, siempre dispuestos a descargar la responsabilidad de lo que ocurra en los funcionarios que están a pie de obra, con el chantaje mafioso de que "serán entre ustedes que evaluarán los resultados de su trabajo". Por ende, el reconocimiento a estos funcionarios de base no vendrá de la Administración partidocrática, que los trata como meros subalternos de los que desconfía, por haber accedido al Estado por principios de mérito y capacidad. De tal suerte, vimos que se descargó la responsabilidad del contagio a la persona infectada, que debía haber recibido una formación de entre 30 y 60 horas en vez de un cursillo de media hora sobre el traje protector -inadecuado por ende para el nivel de riesgo-, recibir una ducha desinfectante y contar con ayuda de otra persona a la hora de quitarse dicho traje, del que tuvo, en cambio, que despojarse ella sola sin ninguna medida profiláctica previa.

Ocurre en ocasiones que en sectores de la Administración que tienen contacto con la población y cierto contenido vocacional, como la sanidad o la enseñanza, el funcionario se acostumbra a estos abusos por cierto sentido de fatalismo, en el que no se sabe muy bien dónde termina el heroísmo y empieza el sometimiento voluntario. Pero esta realidad humana no hace sino resaltar la brutal brecha existente entre los grados inferiores de la administración del Estado y los superiores, los cuadros partidocráticos, dotados de un agudo sentido de casta. Así, el Consejero de Sanidad de la Comunidad implicada se permitió hacer declaraciones de una repulsiva inhumanidad, que él ya no siente, anestesiado moralmente como está después de décadas de pertenencia a la casta política partidocrática, costra incrustada en el Estado, del que forma parte y monopoliza. La soberbia desmedida de individuos como éste actúa como efecto del autoengaño compensatorio de la conciencia reprimida de pertenecer a una oligarquía parasitaria de la sociedad civil, a la que explota y, en el fondo, desprecia.

TUMBAS Y PACTOS

Sabido es que la expresión frecuentemente usada de "matar al padre" procede de las teorías psicológicas de Freud, quien la explica como el proceso en que el individuo se libera de la tutela paterna, desmarcándose de las creencias del padre y de su figura. Una aplicación simbólica de este concepto parece el desentierro del dictador Franco que el PSOE en el gobierno ha ordenado a través de una sentencia ad hoc del TS para que se produzca durante la campaña electoral, dejando el cadáver en una situación que podría llegar en el futuro a semejarse a la de Cromwell, cuyos restos fueron desenterrados y profanados después de muerto.

Y es que la inexistencia de una ruptura democrática con el régimen franquista, preconizada por su mayor opositor, Antonio García-Trevijano, y la consumación de una reforma superficial de dicho régimen, con la instauración de una Monarquía de partidos -pues a los españoles unas cortes legislativas que usurparon la función de unas constituyentes les impidieron elegir la forma del Estado-, sin separación de poderes, ni derecho de los súbditos a elegir libremente un representante político que no sea el que les viene ya impuesto por los jefes de los partidos estatales (características ambas de una verdadera democracia) ha llevado a la esperpéntica situación actual, en la que el inindependiente poder judicial, controlado por los partidos estatales, se presta a una pantomima que a nadie engaña.

El PSOE ha sido, sin duda, el partido estatal más beneficiado en el reparto de poder del régimen del 78, de suerte que el sucesor de Franco a título de rey se sentía especialmente cómodo con éste al frente del gobierno, mirando uno y otros al lado de su respectiva corrupción, elemento fundacional del régimen de poder de la partidocracia. Es, por tanto, la mala conciencia de su pecado original pactista con las fuerzas vivas del régimen franquista para organizar la reforma continuista de éste (del que subsisten en la actualidad el principio de separación de funciones, que no de poderes, y la falta de control sobre el poder ejecutivo por parte del legislativo y judicial, definitoria de la dictadura), lo que le lleva a ejecutar este acto simbólico de desenterrar al auténtico padre político de un sitio, (en el que parece, por otra parte, que nunca quiso estar, pero donde lo pusieron su Sucesor y Suárez en otro esfuerzo simbólico de entierro apresurado del pasado, en aras de la "reconciliación" -para echar mano a la bolsa ajena, como en la época de la Concordia francesa postTerror-), para dotarse, por un lado, de una la pseudolegitimidad que afirma, como hace el presidente actual, que así "se cierra el círculo de la [pseudo]democracia española", como si su partido no la hubiera controlado durante largos años, y, por otro, para movilizar a cierto electorado, provocando la furia de algunos nostálgicos.

CAMPAÑA ELECTORAL PERPETUA

Foto: ABC

El ideal de convivencia que Kant quería en su obra La paz perpetua como permanente, sólo se ha materializado con este carácter en el terreno de la campaña electoral. Así, Marina Alías en Vozpópuli señala que España bate el récord europeo de mayores elecciones generales en menos tiempo y en un contexto pacífico, con una factura final para los ciudadanos de unos 538 millones de euros. ¿Cuál puede ser el motivo de tantas votaciones (que no elecciones pues no se elige a ningún representante, sino que se refrenda una lista de partido previa) en tan poco tiempo? Responder a esta pregunta exige tener en cuenta varios factores como la naturaleza de la partidocracia que sufrimos, y sus crisis y necesidades de reajuste duro.

La partidocracia o Estado de partidos es un régimen de poder que consagra a los partidos como únicos actores de la vida política, cuyo solo objetivo es el control del Estado y el reparto de sus parcelas de poder; por otra parte, si fue la separación de poderes el paso necesario para la democracia representativa, es la inseparación de éstos (sólo existe separación de funciones, como en el Franquismo) la que sostiene la falta de control del poder ejecutivo, y la inevitable existencia de la corrupción como factor de gobierno. El ciudadano, o mejor dicho, súbdito, en esta Monarquía de partidos, sólo puede aceptar lo que le dan ya hecho: unas listas electorales formadas por candidatos que deben obediencia al jefecillo de cada partido que les ha puesto allí, sin que quede, según la llamada Constitución del 78, otra forma de participar en la vida política. Vemos, pues, cómo queda invalidado y negado el principio de representación política que, junto a la susodicha separación de poderes, constituye el elemento definitorio de la democracia formal.

Dichos irrepresentantes de los súbditos, para justificar su acción antidemocrática han venido empleando la idea del consenso, en sustitución de la de la fuerza de la mayoría que está en la raíz de la idea de democracia, y desde la llamada Transición, o Transacción entre las fuerzas del régimen dictatorial saliente, y las aspirantes a integrarse, tras la travesía del desierto de la oposición más o menos tolerada, en el nuevo régimen oligárquico naciente, se polarizaron en dos partidos políticos, como dos cabezas nacidas de la Hidra troncal del antiguo partido único. Pero el paso del tiempo, la corrupción rampante, y las tensiones inherentes a las luchas por el poder, dieron espacio a nuevos partidos políticos estatales, que, aun aceptando las bases antidemocráticas del régimen, pretendían presentarse falsamente como una renovación del statu quo, como lo ocurrido con el 15-M. No obstante, el votante en la partidocracia está terminando por identificar a estos trampantojos reformistas como lo que son realmente, unos parvenus, unos fallidos "Jóvenes turcos", que sólo aspiran a compartir el pastel del poder con sus hermanos mayores.

En consecuencia, los viejos adalides del bipartidismo neofranquista están hurgando, votación tras votación, en el carácter forzosamente reaccionario y conservador del votante típico del régimen, acostumbrado ya a hacer suspensión del juicio moral ante la corrupción, y a pensar en el "mal menor", para que apueste por "el valor seguro". La única novedad que ha podido verse, a este respecto, son ciertas medidas cosméticas para facilitar que el votante lave su conciencia insensata, incitándole a que se dé de baja en tal registro para no recibir propaganda electoral en su casa, o contándole que se va a reducir las subvenciones a los partidos para hacer campaña, como si no tuvieran a la totalidad de los medios de comunicación al servicio de sus intereses de casta todo el año, las 24 horas del día. ¿Servirá esto, empero, para aumentar la abstención, única arma pacífica de lucha contra este régimen?, es la pregunta que merece a la postre hacerse.

EL PENSADOR POLÍTICO ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO Y SU RELACIÓN CON LA PRENSA