CAMINO A LA LIBERTAD, CON ALBERTO ITURRALDE Y EMILIO TRIVIÑO: Hechos Probados, un grito de Libertad - Con Alejo Moreno

CAMINO A LA LIBERTAD, CON ALBERTO ITURRALDE Y EMILIO TRIVIÑO: Hacienda, la policía del Régimen.

EN MANOS DE LA PARTIDOCRACIA

J.R. Eyerman

Gracias a los medios de comunicación hemos asistido a la transformación del proceso independentista catalán en una campaña electoral, siguiendo las consignas de la oligarquía de partidos del Estado. Así, la última gran manifestación en Barcelona del pasado domingo contó con un masivo seguimiento de las televisiones, frente a lo ocurrido con las anteriores en Barcelona y toda España, que nos regalaban con primeros planos de los políticos que encabezaban la primera fila, y que pedían "volver a votar", como modo de acabar con la "falta de cordura" de los independentistas.

De tal suerte, la abusiva aplicación de un artículo 155 de la Carta Otorgada de 1978 (ya que dicho artículo no autoriza al Gobierno a hacer nada de lo que ha hecho) tiene como solo objetivo la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre, justo la fecha que quería el ex presidente de la Generalidad para las suyas a cortes constituyentes, y, antes, en todo caso, de enero de 2018, cuando terminará el secreto bancario en Andorra, que, probablemente, perjudicaría electoralmente a los nacionalistas catalanes.

Pues de eso se trata, el gobierno partidocrático del Estado sólo está interesado en mantener el statu quo previo a la declaración de independencia del parlamento catalán, y por ello, ve "con agrado" que el ex presidente golpista y huido de la justicia se presente a las elecciones, o, mejor dicho, votaciones, pues no saldrá elegido ningún auténtico representante de la nación, sino aquellos comisionados de los jefecillos de los partidos que negocien un nuevo "consenso" que realice concesiones al nacionalismo catalán que serán perjudiciales para el conjunto de la nación.

Vemos, por tanto, el desarrollo de dos procesos paralelos, el judicial y el político; el judicial conforme a los delitos recogidos en el código penal que el gobierno debía haber instigado hace varios años si tuviera algún respeto por la ley -que considera maleable a su servicio- y la nación -a la que no representa, y a la que usa para refrendar sus listas de paniaguados y esquilmar con impuestos para mantener la inmensa red clientelar del Estado de las autonomías; y el político, que, con el concurso necesario de la práctica totalidad de los medios de comunicación de masas, convierte esta gravísima crisis nacional en otro mero juego electoral partidocrático. De un plumazo, han desaparecido todos los indicios de la guerrilla urbana que se iba a desarrollar en Cataluña si se actuaba contra los sediciosos, tal como daba a pensar las energías desplegadas en el referéndum del 1-O, ese parto de los montes. El independentismo catalán ha mostrado su verdadero rostro cobarde y miserable, y sus sosias del Estado central acuden en su ayuda, para darles con las urnas lo que no han podido obtener con las urnas.

LA INQUISICIÓN PARTIDOCRÁTICA

Fritz Eichenberg

Igual que el Terror puede considerarse, según D. Antonio García-Trevijano, la Inquisición de la revolución francesa, es dado hacer lo propio con Hacienda en la partidocracia española. Este órgano del Estado resulta particularmente lesivo para los súbditos del régimen por su doble vertiente, la de organismo sangrador, por un lado, de sus bolsillos para el sostén del pantagruélico estado clientelar y parasitario con sus 17 miniyoes a modo de reyes de Liliputh insaciables, y, por otro, la de bastión insoslayable de la fe en la Partidocracia como el mejor de los regímenes posibles, que no composibles, como decía Leibnitz.

Prueba de ello, es el santo temor que inspira la Hacienda. Si Dios ha muerto culturalmente, como decía Nietzsche, es ésta la que ha tomado el relevo del antaño salutífero temor de Dios. Así, cualquier notificación de la Cosa provoca en el pequeño súbdito el temor y temblor (timor et tremor) evangélico, pues presiente que sus juicios son definitivos e inapalables, a la par que tremendamente onerosos al más mínimo desliz fiscal, sea intencionado o no. De tal suerte que los errores en las declaraciones del IRPF se saldan con una multa que supone mínimo la mitad de la cantidad declarada incorrectamente, más los intereses de demora, que pueden ser no pequeños, si como es frecuente, Hacienda espera hasta el tope legal (5 años) para comunicar su infracción al pecador fiscal. Este desvergonzado afán recaudatorio lleva a casos en los que Hacienda insiste en el cobro incluso cuando el infractor no ha sido notificado correctamente en su domicilio, sino en ajeno. Si al asustado interfecto no se le ocurre ir a los tribunales económicos pertinentes, sufrirá esta arbitrariedad y pagará religiosamente stricto sensu. Si, por el contrario, logra vencer su supersticioso temor y recurre a los tribunales, ganará claramente el pleito, como ocurre en más de un 51% de los litigios que se inician contra Hacienda.

Esa arbitrariedad vergonzosa se combina con el recordatorio recurrente de nuestra condición de pecadores, y de nuestra obligación de contribuir al sostenimiento del Estado, es decir, a la gestión de la clase política oligárquica en su propio beneficio y en la del oligopolio económico-financiero. Contamos con dos ejemplos muy recientes de este inmundo proceder: la reciente amnistía fiscal condenada por el Tribunal Supremo que ha premiado a delincuentes fiscales de importantes familias políticas y bancarias (pues muchos son los llamados, y pocos los elegidos), y la venta al Banco Santander del Banco Popular por la cantidad de un euro, que es la noticia que retumba en las redes. Nadie dice, empero, que el Santander recibirá del gobierno hasta 5.000 millones de euros en ayudas por dicha compra (de los que los accionistas del Popular no verán ni uno), dinero que proviene de las faltriqueras del rebaño de súbditos que sigue votando estúpidamente en este régimen de partidos que los pisotea sin piedad.