Escuchaba a Antonio García-Trevijano en un programa dedicado al 23-F trazar unos curiosos paralelismos históricos entre ciertos episodios de la Revolución Francesa y el fallido golpe de estado de 1981. Recordaba el politólogo español que la fracasada huida del rey Luis XVI, detenido en Varennes en junio de 1791, que le suponía en virtud de un decreto de la Asamblea de marzo previo la pérdida de sus poderes reales, fue disimulada por los diputados de dicha Asamblea (que perderían consecuentemente sus diputaciones y estatus) en un secuestro, paradójicamente realizado por los mismos monárquicos acérrimos que formaban el numeroso séquito real en su fuga. Llegaron, así pues, las dos partes a un pacto secreto, por el que los diputados no revelarían al pueblo la felonía del rey, y éste aceptaría renunciar a su derecho de veto constitucional y a sancionar el fin de los privilegios feudales. Fue la posterior aprobación de la inviolabilidad de la persona real, la que provocó la división de los jacobinos, de los que una parte, en la que descollaba Condorcet, abogó claramente por la institución de la república, y fueron subsiguientemente represaliados. Éste fue, según el historiador François-Auguste Mignet, el comienzo de una segunda fase en la Revolución, que, a diferencia de la primera que había consistido en la revuelta de las clases medias contra la aristocracia, radicó en la insurrección del pueblo contra las clases dirigentes, encarnadas en los políticos profesionales de la Asamblea y el Rey. Posteriormente, al ser descubiertas las intrigas reales para acabar con la revolución favoreciendo la invasión de tropas absolutistas extranjeras, fueron esos mismos diputados que habían, primero, ocultado la huida del monarca, y, luego votado su inviolabilidad, como el propio Robespierre, los que se apresuraron a condenarle a muerte, pues se verían comprometidos en su caída, mientras que los que votaron en contra de dicha inviolabilidad, se limitaron a pedir su destierro.
Según García-Trevijano, quien dice basarse en el testimonio de Sabino Fernández Campo, Jefe entonces de la Casa Real, el golpe habría sido promovido por el propio rey, quien deseaba formar un gobierno de concentración nacional, dada la escalada terrorista y la incapacidad de Suárez para resolver la crisis, presidido por el general Armada, y en el que entrarían miembros de las fuerzas políticas, incluidas el PSOE, quien habría dado su aprobación al proyecto. Fue, en cambio, la precipitación del coronel Tejero, quien no habría aceptado la participación del PSOE en el gobierno, lo que hizo dar la vuelta a la tortilla, y que se acabara presentando al propio soberano como víctima de los acontecimientos, igual que en Varennes. Asimismo, la inviolabilidad real recogida en la constitución de 1978, incompatible según García-Trevijano con las reglas de una democracia, demuestra, en paralelo con la aprobada para Luis XVI, la corrupción e indignidad de una clase política, constituida en casta privilegiada bajo el manto protector del rey, -que se siente más legitimado, frente a su condición de sucesor consentido de Franco, instaurador de una nueva monarquía que se saltó el principio de sucesión dinástica encarnado por el padre de Juan Carlos-, al apoyarse en gobiernos de presunta izquierda, como el PSOE, quien será el primero en aceptar su abdicación, por ser de los más comprometidos con el régimen actual. La situación presente, en fin, se asemeja a la de la segunda fase revolucionaria señalada por Mignet, en la que el pueblo es cada vez más consciente de la corrupción de la actual monarquía de partidos.
Sea como fuere, produce estupor, antesala de la indignación, la constatación de la corrupción de la Casa Real, y el inmenso egoísmo del indigno personaje que ostenta la corona, dedicado a patrocinar el régimen antidemocrático y corrupto de la partitocracia, y sus tentáculos autonómicos, a cambio de que se le haya dejado hacer con sus negocios privados (el New York Times le atribuyó recientemente una fortuna personal de 2.300 millones de dólares, sin que nadie lo haya desmentido), sus amistades peligrosas, y sus amantes.
Por tanto, para mí que he creído mucho tiempo que la constitución era garante de nuestras libertades, que la monarquía era una garantía de estabilidad, y que había partidos mejores que otros, es evidente que seguir votando en este sistema actual es corromperse, y que es necesaria la apertura de un proceso constituyente, que desemboque en una república presidencialista, sustentada en la representación real de los ciudadanos, basada no en el sistema proporcional de listas abiertas o cerradas fijadas por los jefes de los partidos estatales, sino en la elección de diputado uninominal a doble vuelta en pequeño distrito, y en una auténtica separación de poderes, es decir, en una verdadera democracia.
