TUMBAS Y PACTOS

Sabido es que la expresión frecuentemente usada de "matar al padre" procede de las teorías psicológicas de Freud, quien la explica como el proceso en que el individuo se libera de la tutela paterna, desmarcándose de las creencias del padre y de su figura. Una aplicación simbólica de este concepto parece el desentierro del dictador Franco que el PSOE en el gobierno ha ordenado a través de una sentencia ad hoc del TS para que se produzca durante la campaña electoral, dejando el cadáver en una situación que podría llegar en el futuro a semejarse a la de Cromwell, cuyos restos fueron desenterrados y profanados después de muerto.

Y es que la inexistencia de una ruptura democrática con el régimen franquista, preconizada por su mayor opositor, Antonio García-Trevijano, y la consumación de una reforma superficial de dicho régimen, con la instauración de una Monarquía de partidos -pues a los españoles unas cortes legislativas que usurparon la función de unas constituyentes les impidieron elegir la forma del Estado-, sin separación de poderes, ni derecho de los súbditos a elegir libremente un representante político que no sea el que les viene ya impuesto por los jefes de los partidos estatales (características ambas de una verdadera democracia) ha llevado a la esperpéntica situación actual, en la que el inindependiente poder judicial, controlado por los partidos estatales, se presta a una pantomima que a nadie engaña.

El PSOE ha sido, sin duda, el partido estatal más beneficiado en el reparto de poder del régimen del 78, de suerte que el sucesor de Franco a título de rey se sentía especialmente cómodo con éste al frente del gobierno, mirando uno y otros al lado de su respectiva corrupción, elemento fundacional del régimen de poder de la partidocracia. Es, por tanto, la mala conciencia de su pecado original pactista con las fuerzas vivas del régimen franquista para organizar la reforma continuista de éste (del que subsisten en la actualidad el principio de separación de funciones, que no de poderes, y la falta de control sobre el poder ejecutivo por parte del legislativo y judicial, definitoria de la dictadura), lo que le lleva a ejecutar este acto simbólico de desenterrar al auténtico padre político de un sitio, (en el que parece, por otra parte, que nunca quiso estar, pero donde lo pusieron su Sucesor y Suárez en otro esfuerzo simbólico de entierro apresurado del pasado, en aras de la "reconciliación" -para echar mano a la bolsa ajena, como en la época de la Concordia francesa postTerror-), para dotarse, por un lado, de una la pseudolegitimidad que afirma, como hace el presidente actual, que así "se cierra el círculo de la [pseudo]democracia española", como si su partido no la hubiera controlado durante largos años, y, por otro, para movilizar a cierto electorado, provocando la furia de algunos nostálgicos.

CÁDIZ, MÓNADA ELECTORAL REPUBLICANA

Detalle de la maqueta de Cádiz de 1779 (Museo de las Cortes de Cádiz)

En su obra "Teoría Pura de la República" D. Antonio García-Trevijano estudia el sujeto de la representación política; rechaza que sea el individuo, como creyó la Revolución Francesa, o la clase social, como pensó el comunismo, y tomando de Leibniz el concepto de mónada entendida como unidad irreductible, crea la noción de mónada electoral:

 “En una comunidad nacional homogénea de gran extensión territorial, con abundantes vías de comunicación y de información, se pueden percibir peculiares diferencias de personalidad colectiva, que aún perduran en regiones definidas por su cultura lingüística, jurídica o folclórica, y en municipios rurales alejados de las grandes urbes. Esas peculiaridades, que deben reflejarse en las elecciones municipales, carecen de entidad suficiente para considerarse ajenas a un cuerpo electoral de ámbito nacional. En las elecciones presidenciales, el conjunto de ciudadanos con derecho a voto constituye una homogénea y única mónada electoral.

     Para que en las elecciones legislativas exista la misma o similar homogeneidad social, los distritos electorales han de contar con la población mínima que reproduzca la estructura social de la comunidad nacional. Ese problema no se plantea en las ciudades de más de cien mil habitantes. Pero, por las razones apuntadas en la anterior introducción al tema electoral, la necesaria igualdad demográfica de las circunscripciones electorales exige que la unidad representativa de la pluralidad social, sea el censo electoral correspondiente a cien mil personas vecinales o comarcales. Cada distrito electoral constituye así la unidad irreductible de la representación política en mónadas sociológicas res-publicanas, incluso en las Monarquías. La desusada palabra mónada responde a la actual novedad del concepto político que expresa.

[...]

La mónada de distrito, no los individuos ni los partidos, es el único sujeto posible de la acción política de representar, así cómo la mónada nacional es el único sujeto posible de la acción política de ejecutar. Los diputados tienen el monopolio de la representación particular, el presidente de la República, el de la ejecución representativa de lo general. En aquéllos domina la representación sobre la representatividad, en éste, lo representativo sobre lo representante, pues ha sido elegido para un cargo de ejecución y no de representación”

cf. A. García-Trevijano, Teoría Pura de la República, El buey mudo, Madrid, 2010, pp. 467-468, 473

España quedaría, pues, constituida en unas 400 mónadas electorales de unos cien mil habitantes, microcosmos representativo del macrocosmos sociológico nacional. Dichas mónadas constituirían distritos electorales uninominales a doble vuelta según el sistema electoral mayoritario, y no el proporcional de listas cerradas y bloqueadas de la partidocracia, que elimina así el principio de representación política, y por tanto, uno de los pilares de la democracia formal junto a la separación de poderes.

Cádiz capital formaría de por sí una mónada republicana, porque representa la totalidad de la cosa pública (res publica) que es la materia de la República. De la mónada republicana gaditana saldría elegido un solo diputado que se integraría en la cámara de representantes legislativa, sujeto, empero, a una posible revocación si no cumpliera el mandato otorgado por los electores.

Cuán lejos queda esto, en fin, del sistema neofascista de integración de las masas en el Estado, que caracteriza al sistema electoral proporcional, en el que los votantes no hacen más que refrendar lo que ya han elegido los jefes de cada partido (no olvidemos que en España nadie puede presentarse a los comicios si no forma parte de un partido), y en el que los diputados se sienten naturalmente desvinculados de los intereses de su distrito, y no tienen siquiera que conocerlo, pues sólo están para obedecer las consignas de aquél o aquéllos a quienes deben el sustento.

PARALELISMOS HISTÓRICOS EN EL 23-F

Escuchaba a Antonio García-Trevijano en un programa dedicado al 23-F trazar unos curiosos paralelismos históricos entre ciertos episodios de la Revolución Francesa y el fallido golpe de estado de 1981. Recordaba el politólogo español que la fracasada huida del rey Luis XVI, detenido en Varennes en junio de 1791, que le suponía en virtud de un decreto de la Asamblea de marzo previo la pérdida de sus poderes reales, fue disimulada por los diputados de dicha Asamblea (que perderían consecuentemente sus diputaciones y estatus) en un secuestro, paradójicamente realizado por los mismos monárquicos acérrimos que formaban el numeroso séquito real en su fuga. Llegaron, así pues, las dos partes a un pacto secreto, por el que los diputados no revelarían al pueblo la felonía del rey, y éste aceptaría renunciar a su derecho de veto constitucional y a sancionar el fin de los privilegios feudales. Fue la posterior aprobación de la inviolabilidad de la persona real, la que provocó la división de los jacobinos, de los que una parte, en la que descollaba Condorcet, abogó claramente por la institución de la república, y fueron subsiguientemente represaliados. Éste fue, según el historiador François-Auguste Mignet, el comienzo de una segunda fase en la Revolución, que, a diferencia de la primera que había consistido en la revuelta de las clases medias contra la aristocracia, radicó en la insurrección del pueblo contra las clases dirigentes, encarnadas en los políticos profesionales de la Asamblea y el Rey. Posteriormente, al ser descubiertas las intrigas reales para acabar con la revolución favoreciendo la invasión de tropas absolutistas extranjeras, fueron esos mismos diputados que habían, primero, ocultado la huida del monarca, y, luego votado su inviolabilidad, como el propio Robespierre, los que se apresuraron a condenarle a muerte, pues se verían comprometidos en su caída, mientras que los que votaron en contra de dicha inviolabilidad, se limitaron a pedir su destierro.

Según García-Trevijano, quien dice basarse en el testimonio de Sabino Fernández Campo, Jefe entonces de la Casa Real, el golpe habría sido promovido por el propio rey, quien deseaba formar un gobierno de concentración nacional, dada la escalada terrorista y la incapacidad de Suárez para resolver la crisis, presidido por el general Armada, y en el que entrarían miembros de las fuerzas políticas, incluidas el PSOE, quien habría dado su aprobación al proyecto. Fue, en cambio, la precipitación del coronel Tejero, quien no habría aceptado la participación del PSOE en el gobierno, lo que hizo dar la vuelta a la tortilla, y que se acabara presentando al propio soberano como víctima de los acontecimientos, igual que en Varennes. Asimismo, la inviolabilidad real recogida en la constitución de 1978, incompatible según García-Trevijano con las reglas de una democracia, demuestra, en paralelo con la aprobada para Luis XVI, la corrupción e indignidad de una clase política, constituida en casta privilegiada bajo el manto protector del rey, -que se siente más legitimado, frente a su condición de sucesor consentido de Franco, instaurador de una nueva monarquía que se saltó el principio de sucesión dinástica encarnado por el padre de Juan Carlos-, al apoyarse en gobiernos de presunta izquierda, como el PSOE, quien será el primero en aceptar su abdicación, por ser de los más comprometidos con el régimen actual. La situación presente, en fin, se asemeja a la de la segunda fase revolucionaria señalada por Mignet, en la que el pueblo es cada vez más consciente de la corrupción de la actual monarquía de partidos.

Sea como fuere, produce estupor, antesala de la indignación, la constatación de la corrupción de la Casa Real, y el inmenso egoísmo del indigno personaje que ostenta la corona, dedicado a patrocinar el régimen antidemocrático y corrupto de la partitocracia, y sus tentáculos autonómicos, a cambio de que se le haya dejado hacer con sus negocios privados (el New York Times le atribuyó recientemente una fortuna personal de 2.300 millones de dólares, sin que nadie lo haya desmentido), sus amistades peligrosas, y sus amantes.

Por tanto, para mí que he creído mucho tiempo que la constitución era garante de nuestras libertades, que la monarquía era una garantía de estabilidad, y que había partidos mejores que otros, es evidente que seguir votando en este sistema actual es corromperse, y que es necesaria la apertura de un proceso constituyente, que desemboque en una república presidencialista, sustentada en la representación real de los ciudadanos, basada no en el sistema proporcional de listas abiertas o cerradas fijadas por los jefes de los partidos estatales, sino en la elección de diputado uninominal a doble vuelta en pequeño distrito, y en una auténtica separación de poderes, es decir, en una verdadera democracia.